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23 de julio de 2018

Hacienda se compromete a trabajar con el Ayuntamiento de Sant Joan para consensuar la solución al aval destinado a la UCAM

Hacienda se compromete a trabajar con el Ayuntamiento de Sant Joan para consensuar la solución al aval destinado a la UCAM

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Llorenç Román y Jaime Albero se han reunido con el conceller Vicent Soler para conseguir que la devolución del aval cueste lo menos posible a los ciudadanos de Sant Joan. El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, se ha reunido con el concejal de Hacienda de l’Ajuntament de Sant Joan, Llorenç Román, y el alcalde, Jaime Albero, con la intención de trabajar de forma conjunta “para establecer una estrategia común y consensuar la solución menos gravosa para ambas administraciones por el aval de 1.134.336,30 euros”, depositado para el proyecto por el que se iba a instalar en la localidad la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). Para la ubicación de estas instalaciones, el anterior equipo de gobierno decidió adquirir la antigua residencia de tiempo libre -que formaba parte del patrimonio de la Generalitat- por un importe de 4,5 millones de euros, para posteriormente cederla a la UCAM. Esta operación basada en financiar con dinero público la inversión de un negocio privado atendiendo a amiguismos e intereses particulares del Partido Popular, finalmente no se realizó. El conseller, que ha estado acompañado por la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, Ángeles Cuenca, y la directora general de Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio, Empar Martínez, ha señalado que se está “trabajando de forma conjunta” para que el equipo del actual consistorio haga frente a las obligaciones contraídas por el anterior equipo de gobierno de la localidad con la Generalitat”. Asimismo, Ángeles Cuenca ha calificado de “irresponsable” la actitud del anterior gobieno por no hacer frente al proyecto en el que se había embarcado. Cuenca ha explicado que “como paso previo a cualquier posible solución”, se realizará un análisis de los desperfectos que ha sufrido el edificio, en desuso desde el año 2006, así como los gastos efectivamente producidos, derivados de la no realización de la operación.

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